A nombre propio y de las diputadas Marisela Contreras Julián, Alliet Bautista Bravo y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Punto de Acuerdo en relación a la situación de violencia y discriminación en contra de las mujeres y sobre la situación de la libertad de expresión en el Estado de Oaxaca
Gracias. Las suscritas diputada Marisela Contreras Julián, Diputada Alliet Bautista Bravo, diputada Aleida Alavez y diputada Valentina Batres, la de la voz, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la situación de violencia y discriminación en contra de las mujeres y sobre la situación de la libertad de expresión en el Estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes consideraciones.
En fecha 14 de febrero del 2008, el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó por unanimidad un dictamen de la Comisión de Equidad y Género por el que se exhortó "al gobierno del Estado de Oaxaca para que atienda la problemática de violencia contra las mujeres en la zona triqui de dicha entidad federativa, además de que realice todas las medidas procesales conducentes para coadyuvar con la pronta impartición de justicia en el caso de la desaparición de las jóvenes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez. Asimismo, se solicitó al Gobierno del Estado de Oaxaca, sirva remitir un informe a esta Soberanía en una plazo de 20 días sobre las acciones para atender los resolutivos del presente acuerdo...".
Sin embargo, del informe que este órgano legislativo solicitó, nada hemos recibido. La petición del Congreso ha sido ignorada y la administración de justicia para las víctimas y sus familiares ha sido denegada.
Además de lo anterior, con preocupación hemos presenciado el aumento de agresiones en contra de periodistas, comunicadores y comunicadoras así como la situación de impunidad con la que se han mantenido dichos casos en el Estado de Oaxaca.
Por otra parte, también se ha documento un incremento de los ataques que han sufrido las estaciones de radios comunitarias indígenas en el Estado, como lo demuestran las agresiones contra integrantes de las estaciones de radio: Radio Nandía y Radio Calenda
Así las cosas, los homicidios de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 20 y 24 años de edad respectivamente, locutoras de la radio comunitaria mexicana "La voz que Rompe el Silencio", ocurridas el 7 de abril de 2008, pusieron de manifiesto, no sólo la grave situación de violencia y discriminación a la que se enfrentan las mujeres, sino también la inseguridad en la que los y las comunicadoras se ven obligadas a ejercer las libertades de expresión y de prensa en nuestro país.
Nos preocupa extremadamente la situación de impunidad con la que se han mantenido los casos de agresiones en contra de periodistas, comunicadores, comunicadoras y radios comunitarias, pus como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la omisión del Estado de investigar los actos de agresión crean un incentivo para quienes violan los derechos humanos, tiene un efecto intimidatorio sobre los y las periodistas y profesionales de la comunicación, pues infunde temor para denunciar abusos u otros actos ilícitos y promueve un clima de autocensura.
En este sentido, a pesar de contar con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, es necesario que casos como los de Felicitas Martínez y Teresa Bautista puedan ser atraídos por autoridades federales, lo que implicaría realizar trabajos para lograr la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas y profesionales de la comunicación.
Asimismo, estamos conscientes de la urgente necesidad de implementar acciones integrales que permitan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, atacando las causas que la provocan, incluyendo la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres que existe en el país.
Sin duda las agresiones registradas en los últimos meses en el Estado de Oaxaca dejan al descubierto la incapacidad del gobierno local y federal de cumplir la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría del Estado de Oaxaca, informe sobre las investigaciones de los homicidios de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dicte las medidas cautelares necesarias, a efecto de garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Jaciel y Gustavo Vázquez Flores, y sus padres Faustino Vázquez Martínez y Cristina Martínez Flores.
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado de Oaxaca y al procurador de Justicia de la entidad, para que de manera inmediata remitan a esta soberanía, el informe solicitado en fecha 14 de febrero de 2008.
Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emita la declaratoria de alerta de violencia de género, para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca y, en su caso, notifique la declaratoria al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
Quinto y último.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta para que se inicien los trabajos necesarios para lograr la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas en la entidad.
Es cuanto, señor presidente.
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