A nombre propio y de las diputadas Maricela Contreras Julián y Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo en relación a los casos de las mujeres abusadas sexualmente en los operativos policiacos de San Salvador Atenco y de las investigaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Las suscritas, Diputada Maricela Contreras Julián, diputada Alliet Bautista Bravo y diputada Valentina Batres Guadarrama, la de la voz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, en relación a los casos de mujeres abusadas sexualmente en los operativos policíacos de San Salvador Atenco y de las investigaciones que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El tres y cuatro de mayo de 2006, con la incursión policíaca en el pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México, se dejó un saldo de múltiples violaciones a los derechos humanos.
Los resultados de dicho operativo, arrojaron 26 violaciones contra mujeres y diversas denuncias de abuso sexual, entre cuyas víctimas hay cuatro extranjeras; Como responsables de estas conductas fueron señalados los elementos policíacos que custodiaban a 47 mujeres detenidas en los operativos cuando eran trasladadas al penal de Santiaguito, ubicado en la entidad mexiquense.
A pesar de que en los casos de abuso sexual contra mujeres, fueron constatados por organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, dando cuenta de que existieron violaciones, manoseos, agresiones físicas y verbales, moretones en senos y glúteos, hasta el momento los resultados del sistema de administración y procuración de justicia sobre el caso son los siguientes, según información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, FEVIM, hoy FEVIMTRA, inició de oficio una investigación contra quienes resultasen responsables de los delitos cometidos en contra de algunas mujeres del caso Atenco.
Desde febrero de 2007 el Centro Prodh, coadyuvante de la indagatoria, solicitó en diversos momentos de manera verbal y escrita a la entonces Fiscal la consignación de los probables responsables, lo que nunca ocurrió a pesar de contar con los elementos necesarios para hacerlo.
A casi dos años de que la FEVIMTRA iniciara la averiguación previa, nadie ha sido consignado por los hechos de tortura que sufrieron las mujeres detenidas por elementos de seguridad pública.
En el Estado de México se integró la averiguación previa TOL/I/466/2006 del fuero común. Sólo se consignó a 21 policías, pero no por el delito de tortura sino por los delitos menores como abuso de autoridad o actos libidinosos. A la fecha, quince policías ya fueron exonerados y actualmente sólo seis elementos policiales enfrentan proceso, no obstante cabría la posibilidad de que la FEVIMTRA consigne a más responsables dentro de la indagatoria 03/05-2006 por el delito de tortura con modalidad sexual.
El 25 de enero de 2008, una ciudadana española, quien sufrió graves atentados contra su integridad física y fue deportada durante los operativos ya citados, presentó una querella ante la Audiencia Nacional Española. Denunció los hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en los casos de delitos graves, sancionados por el Derecho Internacional. Como se puede observar, la justicia para estos casos no ha llegado, al contrario, las víctimas de estos delitos, continúan pagando los costos económicos y emocionales de estos acontecimientos, ya que cuando estuvieron presas en el penal de Santiaguito tuvieron que pagar una fianza de 14 mil pesos para obtener su libertad que nunca debió habérseles arrebatado, porque ellas no cometieron ningún delito. Y lo absurdo de las cosas, Magdalena Durán, mujer de origen mazahua que fue detenida el 4 de mayo de 2006, estuvo detenida año y medio sin ninguna justificación, por lo que fue puesta en libertad en noviembre de 2007.
Ya son dos años de San Salvador Atenco y resulta que las mujeres agredidas sexualmente son encarceladas y que los policías que perpetraron estos hechos están libres, ¿con esa concepción de justicia estaremos de acuerdo?
Nosotros no; por ello hay una exigencia nacional e internacional para que se castigue a los responsables de las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres durante los operativos de represión en el pueblo de San Salvador Atenco y exigimos también que se deje ya de criminalizar a los movimientos sociales.
No queremos un sistema de justicia que castigue a las víctimas y permita seguir actuando con impunidad a los delincuentes. Ante esta situación las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual han decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos al cual son presentados los casos cuando el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de hechos delictivos a nivel interno.
Por otra parte, el mismo Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ha hecho público que existe preocupación por la seguridad de las once mujeres que denunciaron ante la FEVIMTRA los actos de tortura que sufrieron en San Salvador Atenco.
Según versiones de varias de ellas, después de que salieron del penal empezaron a sufrir acoso y hostigamiento vía telefónica; les han hecho llamadas en las que se reproducen conversaciones de ellas sostenidas con terceras personas; también han recibido en sus celulares mensajes de números desconocidos donde se pregunta por otras denunciantes. Hace aproximadamente dos meses una de ellas fue "levantada" por policías del Distrito Federal quienes la interrogaron sobre sus datos personales y sobre su familia. Después de pasearla durante una hora en la patrulla sin explicarle el motivo de su detención la dejaron libre en la misma calle donde la detuvieron.
Es importante mencionar que durante la detención y traslado de los hombres y mujeres que se vieron involucrados en el operativo Atenco, los elementos de seguridad les pidieron datos personales como nombre, dirección y teléfono. Asimismo, les fueron arrebatados monederos, carteras y teléfonos celulares, de manera que es factible que quienes perpetraron los abusos cuenten con los datos personales de las denunciantes.
De atentarse contra la integridad física de alguna de las mujeres que fueron agredidas sexualmente, se agravaría aún más la situación de impunidad y falta de justicia en estos lamentables hechos.
En otro orden de ideas, la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Atenco ha entrevistado a 301 personas, de las cuales 228 eran policías, diez altos funcionarios federales y del estado de México, nueve agentes de Migración, además de 19 atenquenses que obtuvieron su libertad, 26 que permanecen recluidos y nueve personas más.
Con dicha información, los magistrados de Circuito, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, según datos publicados en diversos medios de información, presentarán este jueves al pleno de la Corte el informe con las conclusiones de las indagatorias sobre los hechos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en la población mexiquense.
Los magistrados tuvieron a su cargo la investigación listada con el número 3/2006 de los hechos registrados en Texcoco y Atenco, Estado de México, cuando policías estatales y municipales desalojaron a los pobladores y comerciantes.
Este documento preliminar fue designado por turno al ministro José de Jesús Gudiño para que elaborara un proyecto de sentencia que se pondrá a consideración del pleno de la SCJN, y en su caso, establecerá criterios sobre los límites de la fuerza pública y hará llegar la opinión correspondiente, que fue el objetivo de la comisión.
Sin embargo, existen dudas sobre el alcance del informe que entregará el ministro respecto de la posible responsabilidad de dos funcionarios de primer nivel que siguen en activo: el gobernador Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Seguridad Pública Federal y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
El análisis también tendrá que ver con las acciones que en su momento adoptaron las autoridades federales, estatales y municipales, y determinar si estuvieron a la altura y realizaron acciones necesarias para evitar la confrontación y la violencia policíaca excesiva contra pobladores y los detenidos durante su traslado al penal de Santiaguito.
Sobre este punto es necesario destacar que la tesis aislada, T.XXXII/2008, consultable en el semanario judicial de la federación y su gaceta, Tomo “XXVI”, marzo 2008, página 6, rubro Facultad de investigación previsto –termino-, quisiera terminal a exposición si me lo permite el pleno, para que quedara a salvo la propuesta de punto de acuerdo. Párrafo 2do, de la CPEUM. Comisión integrada con el ejercicio de aquella carece de atribuciones para solicitar comunicaciones privadas, establece que la facultad de investigación constituye un medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control constitucional en el que solo se busca inquirir la verdad hasta descubrirla sin sujetarse a un procedimiento judicial sin procurar ante otro tribunal la debida impartición de justicia y sin realizar una averiguación previa desde una perspectiva penal.
Por ello, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de México y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) para que, en el ámbito de su competencia lleven a cabo todos los trámites procesales a efecto de que se imparta justicia de manera pronta a las denuncias de abuso sexual con motivo de los operativos del tres y cuatro de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México; incluyendo la consignación de la averiguación previa relacionada con ataques sexuales a las detenidas en esa comunidad mexiquense, radicada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en uso de las facultades que su Ley Orgánica le confiere, dicte las medidas cautelares necesarias a efecto de garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de las mujeres que fueron abusadas sexuales en los operativos policíacos referidos en el presente Acuerdo, especialmente, a favor de aquellas que han solicitado a la Fiscalía la consignación de la averiguación previa respectiva.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la separación de poderes y en el ámbito de colaboración de los mismos exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse claramente si existieron o no violaciones graves a los derechos humanos encontrados en el caso de San Salvador Atenco, con base en la investigación realizada desde 2006.
Lo anterior, en virtud de que la facultad de investigación constituye un medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control constitucional en el que solo se busca inquirir la verdad hasta descubrirla sin sujetarse a un procedimiento judicial. Es cuanto, diputada presidenta. (Aplausos).
