Para referirse a las denuncias públicas de violaciones a garantías individuales en el Estado de Oaxaca
Como hemos reiterado en esta sesión, son diversos los temas que colman una situación de llamar la atención y de una situación que nos ubica en una situación vergonzosa en el país en el Estado de Oaxaca.
De manera general vengo a posicionar la situación que atraviesa el Estado de Oaxaca y la cual ha dado oportunamente cuenta en los medios de comunicación en recientes fechas.
Compañeros legisladores, en los últimos días hemos sido testigos de filtraciones de averiguaciones previas e informes en los que se acusa tanto al personal del gobierno de Oaxaca como del Ejército, de hechos vergonzosamente graves en la interminable crisis política que vive el Estado.
En por lo menos dos averiguaciones previas se señala a Lizbeth Caña Cabeza, ex procurador general; a Jorge Franco Vargas, ex secretario de gobierno; y a los tenientes de Navío y Fragata, Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, ex directores de las policías ministerial y preventiva del Estado, respectivamente, como los creadores de la unidad ministerial de intervención táctica dedicada a perseguir opositores del gobierno de Ulises Ruiz.
El general Alfredo Oropeza Garnica, quien comandó hasta el mes pasado la octava región militar, inculpa concretamente a los dos ex directores de las policías ministerial y preventivas como los secuestradores de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, desaparecidos desde el 2006.
Dice el general que la UMIT, esta Unidad Ministerial de Intervención Táctica, que se ha rebautizado como la brigada blanca oaxaqueña, también se ocupó de realizar actividades delictivas clasificadas como delincuencia organizada, que tienen que ver con narcotráfico, extorsiones y secuestros, y de las que se derivan asesinatos como parte de las disputas por las plazas del narco.
Llevamos dos años de represión, abusos, violaciones a derechos humanos, impunidad y vil asesinato del gobierno de Oaxaca. Ahora, además, se suma el crimen organizado.
En otros países, por escándalos más pequeños, han caído gobiernos nacionales. Aquí, en cambio, ha regresado la guerra sucia de los años 60 y 70, seguida por la corrupción, descomposición e impunidad de los 80. Es lo que ha vivido Oaxaca en sólo dos años.
Asesinato de ciudadanos, inconformes a mano de sicarios y policías vestidos de civil, disparos de arma de fuego hacia periodistas, atentados contra locutores y medios de comunicación independientes, homicidio de indígenas y detenciones de menores de edad, secuestro, tortura y desaparición de dirigentes sociales, instalación de centros de detención clandestinos, detenciones masivas sin órdenes de aprehensión, tanto de líderes populares como de ciudadanos comunes, agresiones sexuales contra los detenidos. Por lo menos 20 muertos, 349 detenidos y 370 lesionados es el saldo de Ulises Ruiz.
Ni el gobierno federal ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han querido detener este Estado que raya ya en la inmundicia.
El Estado, el Ejecutivo Federal, con la PFP, la AFI y el Ejército han sido parte activa de la represión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos no se atrevió a responsabilizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de los crímenes realizados durante las manifestaciones populares del 2006, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha podido concluir la investigación que le solicitó la Cámara de Diputados respecto de la represión contra el pueblo oaxaqueño.
En el colmo, nuestra máxima autoridad de justicia ha advertido que no debemos echar las campañas al vuelo, pues en el caso de que esta investigación se desprenda que hubo violaciones graves a las garantías constitucionales de los gobernados, o excesos por parte de las fuerzas de seguridad, la Corte no podrá sancionarlos, pues su facultad está limitada exclusivamente a la investigación de los hechos.
El 15 de octubre del año pasado la Suprema Corte publicó el acuerdo tomado del 21 de junio para realizar la investigación. Más de 10 meses de investigación y no tenemos todavía ningún resultado.
La impunidad se torna especialmente grave ahora que sabemos que la represión no ha ido sola.
En Oaxaca se estableció una estrategia jurídica, policiaca y militar cuyo objetivo último es lograr el control e intimidación de la población civil en zonas en las que se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista.
Esta situación pulveriza el estado de derecho, se trata de una guerra sucia, porque el poder policíaco y judicial está siendo utilizado con el consentimiento de los gobiernos estatal y federal de manera informal contra el movimiento popular.
En lugar de la negociación política las autoridades están haciendo uso creciente de tácticas y procedimientos bélicos para enfrentar la desobediencia ciudadana.
Todo esto no lo nota ninguna autoridad nacional, en cambio, los organismos internacionales de derechos humanos han realizado diversos e insistentes llamados de atención por los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, además de los crímenes contra periodistas en nuestro país.
La Comisión Civil Internacional de observación por los derechos humanos considera que en México existe un patrón de comportamiento continuado y común en las distintas autoridades federales y estatales y en casos municipales que puede ser entendido como una auténtica política de estado frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales.
Señala el mismo organismo civil de defensa de derechos humanos que la impunidad se apoya en la existencia de un sistema judicial que muestra claros signos de incapacidad e ineficiencia, cuando de evidente falta de voluntad para poner fin a la misma.
Ulises Ruiz, con el contubernio del PAN en el gobierno federal, y de las instituciones del Estado, sigue al frente del gobierno de Oaxaca.
Justo este año en que la humanidad celebra el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México lo hará en medio del récord de crímenes a periodistas, de impunidad y de regreso a la guerra sucia.
Justo en el año en que conmemoraremos el 40 Aniversario de la masacre de 1968. Los mexicanos lo haremos en medio del terror sembrado contra la población oaxaqueña.
Los poderes públicos han fallado en garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación.
Las autoridades han impedido el ejercicio de estos derechos fundamentales mediante el ejercicio de la fuerza pública y la coacción.
Desde esta tribuna, el PRD exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregue los resultados de sus investigaciones en Oaxaca en apego a las recomendaciones de organismos internacionales, como Amnistía Internacional que le pide a la Suprema Corte de Justicia, dice así: garantizar la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea independiente, imparcial y exhaustiva, y se base en las normas internacionales de derechos humanos, que sus conclusiones se publiquen y las pruebas reunidas puedan emplearse en los juicios.
Exigimos también que cesen las actuaciones ilegales de grupos paramilitares de manera inmediata, exigimos la liberación de los presos políticos en Oaxaca, exigimos al Gobierno Federal que de una vez por todas retire al Ejército de las comunidades oaxaqueñas. Este Congreso no debe de seguir pasivo ante los crímenes de Ulises Ruiz.
Llegó la hora, compañeros legisladores, de su juicio político, contra la impunidad sólo puede haber justicia.
Es cuanto, señor presidente.
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