Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a revisar las ternas enviadas por el Poder Judicial de la Federación para la designación de los magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Con su venia, señor Presidente.
La suscrita, diputada federal Valentina Batres Guadarrama, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral I, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
Que el pasado 7 de septiembre del 2006, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el acuerdo número 13/2006 en el que se determinó el procedimiento para la integración de las ternas que serían propuestas a la Cámara de Senadores para la designación de seis magistrados de la sala superior.
Que en sesión privada celebrada el 21 de septiembre el pleno de la Suprema Corte de Justicia formó el primer listado con 160 interesados y el 16 de octubre integró las ternas que envió al Senado de la República.
Que un día después, el 17 de octubre, el magistrado presidente de la Sala Superior informó que dicho tribunal había decidido cancelar los tres fideicomisos que tenía con un saldo de 88.2 millones de pesos. De ese monto decidieron regresar 65.5 millones a la Tesorería de la Federación, anunciando a su vez que van a repartirse los restantes 22.7 millones de pesos como bonos de retiro, por lo que les va a tocar poco más de tres millones de pesos a cada uno.
No dejamos de señalar que el abuso en el uso de los recursos públicos pretende disfrazarse de austeridad y respeto a la legalidad y más bien refleja hasta qué punto algunos servidores públicos pueden abusar de las debilidades existentes en la legislación vigente.
El criterio utilizado para eludir el cumplimiento de la ley está en manos del mismo Poder Judicial que debería ser el principal garante del cumplimiento estricto de la legalidad.
Que ante una decisión trascendental para el país, lo menos que esperamos es que la colegisladora realice una revisión minuciosa de cada uno de los integrantes de las ternas sometidas a su consideración, toda vez que de los 18 candidatos a magistrados electorales 13 pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de los cuales siete han tenido relación laboral en la Sala Superior, cuatro más con el Consejo de la Judicatura Federal y que están vinculados directamente con los actuales ministros de la Corte. Solamente dos provienen de instituciones académicas; la última colaboró en el cuestionado Instituto Federal Electoral.
La designación de las ternas fue primeramente desacreditada de inicio a fin por diversas organizaciones, barras de abogados, académicos y personalidades del mundo jurídico, quienes señalaron que dicho proceso únicamente permitiría que las designaciones recayeran, como finalmente sucedió, en las personas cercanas a los actuales ministros de la Corte o a políticos cercanos a la esfera judicial con evidentes intereses en el nombramiento de los magistrados electorales de la Sala Superior, quienes tendrán, entre otras atribuciones, calificar las elecciones federales del 2009 y las presidenciales del 2012.
Que dentro de los requisitos constitucionales y legales, se destaca "gozar de buena reputación". Ahora bien, de las propuestas provenientes del Tribunal Electoral, existe desconfianza en las mismas por la parcialidad en que se condujeron los integrantes de la Sala Superior.
Que en virtud de lo anterior, solicitamos al Senado de la República examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética y moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior a fin de no permitir que el Tribunal esté al servicio de intereses político-económicos, sino que defienda los intereses de la República, por ende, de su forma de gobierno.
La honorabilidad, respetabilidad y calidad moral de la mayoría de los aspirantes está en duda. Démosle una oportunidad a la República. Saneemos a sus instituciones electorales, por el bien de todos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que la representación nacional exhorta respetuosamente al Senado de la República, a examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética-moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior.
Solicito al Presidente de la Mesa Directiva se comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores este exhorto. Es cuanto, señor Presidente.
Que el pasado 7 de septiembre del 2006, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el acuerdo número 13/2006 en el que se determinó el procedimiento para la integración de las ternas que serían propuestas a la Cámara de Senadores para la designación de seis magistrados de la sala superior.
Que en sesión privada celebrada el 21 de septiembre el pleno de la Suprema Corte de Justicia formó el primer listado con 160 interesados y el 16 de octubre integró las ternas que envió al Senado de la República.
Que un día después, el 17 de octubre, el magistrado presidente de la Sala Superior informó que dicho tribunal había decidido cancelar los tres fideicomisos que tenía con un saldo de 88.2 millones de pesos. De ese monto decidieron regresar 65.5 millones a la Tesorería de la Federación, anunciando a su vez que van a repartirse los restantes 22.7 millones de pesos como bonos de retiro, por lo que les va a tocar poco más de tres millones de pesos a cada uno.
No dejamos de señalar que el abuso en el uso de los recursos públicos pretende disfrazarse de austeridad y respeto a la legalidad y más bien refleja hasta qué punto algunos servidores públicos pueden abusar de las debilidades existentes en la legislación vigente.
El criterio utilizado para eludir el cumplimiento de la ley está en manos del mismo Poder Judicial que debería ser el principal garante del cumplimiento estricto de la legalidad.
Que ante una decisión trascendental para el país, lo menos que esperamos es que la colegisladora realice una revisión minuciosa de cada uno de los integrantes de las ternas sometidas a su consideración, toda vez que de los 18 candidatos a magistrados electorales 13 pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de los cuales siete han tenido relación laboral en la Sala Superior, cuatro más con el Consejo de la Judicatura Federal y que están vinculados directamente con los actuales ministros de la Corte. Solamente dos provienen de instituciones académicas; la última colaboró en el cuestionado Instituto Federal Electoral.
La designación de las ternas fue primeramente desacreditada de inicio a fin por diversas organizaciones, barras de abogados, académicos y personalidades del mundo jurídico, quienes señalaron que dicho proceso únicamente permitiría que las designaciones recayeran, como finalmente sucedió, en las personas cercanas a los actuales ministros de la Corte o a políticos cercanos a la esfera judicial con evidentes intereses en el nombramiento de los magistrados electorales de la Sala Superior, quienes tendrán, entre otras atribuciones, calificar las elecciones federales del 2009 y las presidenciales del 2012.
Que dentro de los requisitos constitucionales y legales, se destaca "gozar de buena reputación". Ahora bien, de las propuestas provenientes del Tribunal Electoral, existe desconfianza en las mismas por la parcialidad en que se condujeron los integrantes de la Sala Superior.
Que en virtud de lo anterior, solicitamos al Senado de la República examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética y moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior a fin de no permitir que el Tribunal esté al servicio de intereses político-económicos, sino que defienda los intereses de la República, por ende, de su forma de gobierno.
La honorabilidad, respetabilidad y calidad moral de la mayoría de los aspirantes está en duda. Démosle una oportunidad a la República. Saneemos a sus instituciones electorales, por el bien de todos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que la representación nacional exhorta respetuosamente al Senado de la República, a examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética-moral de todos y cada uno de los propuestos a ocupar el cargo de magistrados electorales de la Sala Superior.
Solicito al Presidente de la Mesa Directiva se comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores este exhorto. Es cuanto, señor Presidente.
