Para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados. Vengo a esta honorable soberanía a presentar la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos ya mencionados por el Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La evolución de la sociedad conlleva a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública. Evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, conservar el equilibrio y la equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes públicos y en los organismos autónomos, son fines y piedra angular de todo estado democrático de derecho.
La rendición de cuentas se encuentra estrechamente vinculada a la transparencia gubernamental y a las remuneraciones de los servidores públicos, pero resulta indispensable instrumentar los mecanismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y funciones que realice el funcionario público por el ejercicio del empleo, cargo o comisión, de manera tal que el Estado asegure que los ciudadanos que se encuentran desempeñando la función pública, reciban un ingreso digno y decoroso que les permita desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo que las ciudadanía les encomendó.
Ahora bien, si bien es cierto que nuestra Ley Suprema faculta a la Cámara de Diputados, a las Legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa y a los ayuntamientos a aprobar sus presupuestos de egresos, también lo es que la falta de normatividad y de bases mínimas en la Constitución federal respecto a los criterios a los que se debe sujetar la asignación de remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, han hecho que los emolumentos que perciben sean elevados, inequitativos, no guardando relación con la función que tiene encomendada, ni con los criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación de acuerdo al cargo que desempeñan.
Un ejemplo que resulta alarmante es el salario que perciben algunos secretarios de Estado o presidentes municipales, quienes tienen remuneraciones que van desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos, los que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades, ganando incluso más que el Presidente de la República.
Asimismo, la falta de regulación ha propiciado que servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la nación, al término de su encargo, se otorguen sendos bonos bajo los rubros de marcha y otras modalidades, quebrantando de esta forma las finanzas públicas, como se puede observar más claramente en los fondos de retiro de más de tres millones de pesos que se asignaron los ministros.
En 1813 el pensamiento de José María Morelos y Pavón, clarifica las necesidades aún vigentes en México y dice: "La soberanía emana del pueblo y la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano las leyes que dicte el Congreso deben obligar a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto."
En el México independiente del Siglo XIX, el debate se centraba entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban en la posibilidad de establecer las estructuras de la sociedad moderna, pero conservando los fueros y privilegios. Los liberales en cambio, pretendían reformar la situación económica, social y política heredada de la Colonia; por ello, en la inauguración del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga menciona: "algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad. ¿Ha llegado ese día?"
En el período de Reforma, don Benito Juárez García exalta en su obra la legitimidad con que se ejercía el poder, sus palabras fueron claras: "La autoridad no es mi patrimonio, sino un depósito que la nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y honor"
"Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la hornada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala".
Por lo anterior y en aras de fortalecer la transparencia, proponemos la modificación de la fracción XI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetarán las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.
Esta reforma no violentaría de ninguna forma el régimen federal ni la normatividad de los estados, municipios y del Distrito Federal, ya que en la ley se expediría en uso de esta facultad permitiría homologar las bases para la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos, con base en los criterios de proporcionalidad, igualdad, suficiencia y transparencia.
En este sentido, la presente iniciativa propone que la dieta del diputado federal sea que ningún servidor público federal, estatal, municipal y del Distrito, secretarios de Estado y servidores de la administración pública federal centralizada, perciba una remuneración mayor que éstos, salvo los casos que señala en la modificación del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental, a efecto de establecer la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan, especificándose que en los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero presidente y consejeros electorales del IFE, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración no mayor a una tercera parte más de la que perciban los diputados federales.
Esta plusvalía se justifica toda vez que los órganos d e los que forman parte o son titulares, son reducidos en número comparados con el número de integrantes del Congreso de la Unión, lo que aumenta su responsabilidad individual respecto a la función que desempeñan.
Por otra parte se propone la modificación al artículo 64 constitucional, para que los senadores tengan una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas y según reza el artículo 126 constitucional, no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el presupuesto o ley posterior. En tal sentido, se debe modificar el artículo 127.
No me va a dar tiempo de leer todas las modificaciones que estamos proponiendo, pero quiero resaltar que el espíritu de esta iniciativa busca, por lado, eliminar que a los servidores públicos se les asignen salarios onerosos, ilegales y poco transparentes, respetando los principios de proporcionalidad y suficiencia.
Por el otro, que del ahorro que derive de estos rubros se privilegie la asignación de recursos a partidas destinadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de nuestro país, haciendo efectivos los anhelos de austeridad, transparencia y ahorro que el pueblo de México reclama de su aparato gubernamental.
Compañeras y compañeros, termino. Es inmoral y alejado de toda justicia que exista una burocracia rica frente a un pueblo pobre. Es cuanto, señor Presidente y le pido y le solicito que se integre completo el texto en el Diario de Debates. Gracias.
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