Para la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Con su venia, señora Presidenta diputada.
Compañeras y compañeros diputados, al ser presentada en la Comisión de Gobernación la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática no dudamos en votar a favor de estas modificaciones, esto en virtud de que no sólo no vemos inconvenientes o defectos, sino que dicha reforma amplía la obligación de cumplir obligatoriamente con la transparencia y la rendición de cuentas, temas que nos hacen tanta falta para combatir problemas como el de la corrupción y el tráfico de influencias.
Coincidimos con el proponente de la reforma en la necesidad de regular de manera más concreta a todos los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, de este modo podrá ser sujeto de dicha ley cualquier órgano federal, incluyendo a todos aquellos que presten servicios públicos, que estén dotados con atribuciones de autoridad o que reciban o utilicen de manera parcial o total recursos públicos federales, lo que definitivamente permitirá que cualquier organismo, entidad, asociación, institución, fideicomiso, etcétera, esté obligado a informar en qué y cómo gastan el dinero del erario.
Asimismo, se explica con excelente precisión lo que se debe entender como recursos públicos federales, definiendo a éstos como todo tipo de patrimonio, concesión, coinversión, participación financiera, permiso, autorización, asignación, aportación, patrocinio o patrocinio o subvención, etcétera; es decir, un concepto amplio y explícito, pretendiendo no dar lugar a salidas para ocultar cuánto y cómo se gasta el dinero del erario. Y por si no quedara claro, se establece que como recurso federal se considerará cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la cual se considere algún recurso de índole federal.
Consideramos relevante que la reforma amplíe la obligación de cumplir la transparencia y la rendición de cuentas a todos los organismos públicos, aun y cuando éstos tengan participación privada, sólo por el hecho no menor de recibir recursos públicos federales.
Por otra parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública deberá revisar y actualizar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, permitiendo al instituto, a través de sus resoluciones, modificar los plazos de reserva cuando así sea procedente, desmitificando la información reservada y confidencial, ya que podrá establecerse mayor control al momento de clasificarla, y ésta no podrá ser etiquetada a capricho del servidor público, sino con base en los lineamientos legales que se están estableciendo. Por eso, votamos a favor también.
Vamos a votar a favor de la propuesta del diputado Camacho, del transitorio, que permita en un año ajustar estos mecanismos.
La reforma precisa que la información gubernamental es un bien de dominio público; es decir, le pertenece a todos y no sólo a quienes se encuentren ejerciendo el poder. Por ello, será una obligación permanente publicada en medios electrónicos la información que sea de interés público, debiendo mantener actualizado el directorio de los servidores públicos, incluyendo el personal contratado mediante el régimen de honorarios.
Es por las innovaciones que aporta la reforma que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de esta iniciativa, y pediremos el voto de todas las fracciones a favor de ésta. Muchas gracias.
Es cuanto.
Coincidimos con el proponente de la reforma en la necesidad de regular de manera más concreta a todos los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, de este modo podrá ser sujeto de dicha ley cualquier órgano federal, incluyendo a todos aquellos que presten servicios públicos, que estén dotados con atribuciones de autoridad o que reciban o utilicen de manera parcial o total recursos públicos federales, lo que definitivamente permitirá que cualquier organismo, entidad, asociación, institución, fideicomiso, etcétera, esté obligado a informar en qué y cómo gastan el dinero del erario.
Asimismo, se explica con excelente precisión lo que se debe entender como recursos públicos federales, definiendo a éstos como todo tipo de patrimonio, concesión, coinversión, participación financiera, permiso, autorización, asignación, aportación, patrocinio o patrocinio o subvención, etcétera; es decir, un concepto amplio y explícito, pretendiendo no dar lugar a salidas para ocultar cuánto y cómo se gasta el dinero del erario. Y por si no quedara claro, se establece que como recurso federal se considerará cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la cual se considere algún recurso de índole federal.
Consideramos relevante que la reforma amplíe la obligación de cumplir la transparencia y la rendición de cuentas a todos los organismos públicos, aun y cuando éstos tengan participación privada, sólo por el hecho no menor de recibir recursos públicos federales.
Por otra parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública deberá revisar y actualizar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, permitiendo al instituto, a través de sus resoluciones, modificar los plazos de reserva cuando así sea procedente, desmitificando la información reservada y confidencial, ya que podrá establecerse mayor control al momento de clasificarla, y ésta no podrá ser etiquetada a capricho del servidor público, sino con base en los lineamientos legales que se están estableciendo. Por eso, votamos a favor también.
Vamos a votar a favor de la propuesta del diputado Camacho, del transitorio, que permita en un año ajustar estos mecanismos.
La reforma precisa que la información gubernamental es un bien de dominio público; es decir, le pertenece a todos y no sólo a quienes se encuentren ejerciendo el poder. Por ello, será una obligación permanente publicada en medios electrónicos la información que sea de interés público, debiendo mantener actualizado el directorio de los servidores públicos, incluyendo el personal contratado mediante el régimen de honorarios.
Es por las innovaciones que aporta la reforma que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de esta iniciativa, y pediremos el voto de todas las fracciones a favor de ésta. Muchas gracias.
Es cuanto.
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