Sobre el Proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Diputadas y diputados, hoy celebramos la decisión de dar pasos para transparentar la contabilidad de Pemex, que elimina la doble contabilidad que le genera altos costos de administración y que ocultaba la verdadera magnitud de sus pasivos. Que, desde nuestro punto de vista, deberían ser asumidos por el gobierno federal y no dejárselos como una carga a la principal empresa del país.
También celebramos y buscaremos reforzar la decisión de destinar recursos a la construcción de una refinería, cuya construcción es una de nuestras prioridades y hemos --como fracción-- estado insistiendo en que se construya. Sin embargo, como lo propusieron originalmente, 12 mil millones de pesos son insuficientes para garantizar su conclusión.
Idealmente el acuerdo de eliminar la doble contabilidad de Pemex es una decisión que se debe adoptar para dar más transparencia a todas las finanzas públicas donde se aplica alegremente la doble contabilidad. Por ejemplo, nos dicen que el saldo de la deuda pública presupuestaria es de sólo 1.8 billones de pesos. Cuando en realidad el saldo de los requerimientos financieros pasó de 2 billones 300 mil pesos en 2000, a 3 billones 500 mil millones de pesos en junio de 2008. Casi el doble de la deuda pública presupuestaria.
Por eso también se debe corregir la contabilidad de los Pidiregas, no sólo en Pemex, sino también de la Comisión Federal de Electricidad, por los cuales empresas privadas generan el 33 por ciento de la electricidad, violando la Constitución.
Por eso decimos: lástima que la decisión de eliminar la doble contabilidad de Pemex sea una medida circunstancial obligada por la crisis y no sea parte de una visión de Estado. Cierto, hoy esta medida de saneamiento contable de Pemex ha permitido disponer de 78 mil millones de pesos que estaban programados para el pago de sus deudas Pidiregas, 53 mil millones para infraestructura y 25 mil millones para compensar efectos de ingreso en el gasto programable.
No es dinero fresco. Sólo estamos cambiando el dinero de una bolsa a otra. También son insuficientes, porque 53 mil millones para inversión, monto insuficiente para enfrentar la crisis que apenas ha empezado.
Por eso tenemos la obligación de buscar que cada centavo que se destine al gasto reditúe, auténticamente, en mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
Por otra parte, entre las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fueron aprobadas ayer en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hay un apartado destinado a agilizar la inversión. En ese apartado se establece que las personas por sí, o a través de empresas del mismo grupo empresarial, como son los consorcios, los grandes consorcios, que participen en la elaboración de proyectos, también puedan ser contratados para la ejecución de los mismos. Se elimina, entonces, un candado.
El Grupo Parlamentario del PRD observó desde ayer que existe una contradicción entre esta propuesta que ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda con las que se encuentran vigentes en la ley, relacionadas con la inversión en obras y servicios públicos.
Sin embargo, con la fe de erratas que hoy presenta la Comisión de Hacienda se subsana la contradicción legal al crear un régimen de excepción exclusivamente para la inversión, exclusivamente para el gasto de inversión en infraestructura y servicios relacionados con la misma.
Señor presidente, me quedan 20 segundos. Tomando en cuenta que soy la única oradora en este punto, quisiera pedirle su generosidad y me obsequie 2 minutos para terminar de leer el posicionamiento de mi partido.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Obsequiados, diputada.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Gracias. Estamos claros que las modificaciones que hoy se ponen a consideración de esta asamblea no resuelven el problema de fondo con relación a la ejecución del gasto de manera eficaz, eficiente y oportuna.
No contribuye a la simplificación administrativa de los procesos de adjudicación, no desincentiva los actos de corrupción que imperan en este tipo de procedimientos como el tráfico de influencias; no subsana la irresponsabilidad y la aplicación de sanciones a quienes les adjudican los contratos; y tampoco asegura se sancionen a los servidores públicos involucrados en actos ilegales y contrarios a las disposiciones jurídicas que regulan la aplicación y la ejecución del gasto.
Hoy se abre la posibilidad de que durante el procedimiento de contratación pública de empresas como Gutsa Infraestructura, SA de CV, que les han de ser muy reiterativas, propiedad de Juan Diego Gutiérrez Cortina, que generó un quebranto a la Hacienda Pública federal por su fraudulenta participación en la construcción de la megabiblioteca Vasconcelos que todavía no abre.
De la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la Autopista del Sol; o del Grupo Protexta, propiedad de los hermanos Humberto y Javier Lobo Morales; o la firma Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, vinculada a la corrupción de los hermanos Bribiesca y Raúl Muñoz Leos, ex director de la paraestatal Pemex, puedan participar desde la elaboración de los proyectos de preparación vinculados con el procedimiento en que se encuentren interesados, hasta el procedimiento de contratación.
Quiero decirles que esta medida que se ha justificado para agilizar el gasto, no puede venir sola; demanda de una alta responsabilidad de la Función Pública; demanda que se quite de una vez por todas la simulación a los procedimientos que los funcionarios y empresas hoy tienen por hacer cometido fraude a la hacienda pública.
No podemos estar quitando y liberando candados si hoy los verdaderos criminales, los que provocan la verdadera desestimación para que venga el turismo como es la gran corrupción de México.
Hoy que hemos agilizado este procedimiento para que haya gasto público rápido, oportuno y genere empleos, hoy le toca a Hacienda, a la Función Pública, a la administración panista, empezar a castigar y a sancionar a todos los funcionarios corruptos. Porque si no, de otra manera de nada va a servir tener más recursos públicos.
Si el que me está chiflando tiene algo que ver con los consorcios que han defraudado a la administración pública, al erario adelante. Yo los justifico porque efectivamente yo no estoy a favor de la corrupción. Estoy señalando que esta medida, si no lleva una acción, y el peso del Estado, con las atribuciones que hoy tiene y dejan de simular en los procedimientos, el castigo y la sanción a los corruptos, simplemente el gasto público no se va a ir a beneficiar a los ciudadanos mexicanos, se va a seguir yendo a los bolsillos de los empresarios y funcionarios corruptos.
Es cuanto, señor presidente.
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