Para hablar sobre la ilegal resolución del TRIFE
Señoras y señores diputados:
La legalidad ha sido pisoteada nuevamente. Una vez más se faltó a la responsabilidad política y al compromiso democrático; se dejaron de cumplir las obligaciones adquiridas ante la Nación; la palabra empeñada ha sido traicionada: aquellos que ofrecieron guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanan se han convertido en los peores enemigos de la ley, la democracia y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
Efectivamente, la culpa no es de la ciudadanía pero sí es de Fox: Fox traicionó a la democracia, se olvidó de su propia trayectoria y del descontento social que lo llevó al poder. Hoy, se ha convertido en el mayor delincuente electoral conocido hasta ahora, se ha dedicado y se dedicó a utilizar de manera facciosa los programas sociales destinados a aminorar la pobreza de millones de desposeídos, con el objetivo de manipular la voluntad popular y prostituir el orden democrático.
El 7 de abril del 2006, el Grupo Parlamentario del PRD denunció y documentó ante la PGR que la señora Josefina Vázquez Mota diseño y operó en coordinación con diversos secretarios de despacho, funcionarios federales y legisladores del PAN, un esquema para desviar recursos públicos y manipular electoralmente programas sociales federales para favorecer ilegalmente al candidato de la derecha.
Un ejemplo claro es el de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestal y Pesquero, Asociación Civil, que del Programa de Vivienda Rural tenían asignado 54 millones de pesos y sólo estaban en la espera del anticipo de 27 millones de pesos. Esta cantidad nunca les llegó pues los castigó Josefina Vázquez Mota --entonces titular de Sedesol--, quien ante la negativa de la Federación de prestarse como puente para hacer llegar este anticipo a la campaña de Acción Nacional, no solamente le retiró el recurso sino lo transfirió de manera ilegal a Huehuetepetl Comunitaria, asociación representada, entre otros, por empleados del Partido Acción Nacional.
Estos actos nos dejan claro que los principios democráticos fueron violados por un grupo de funcionarios federales para favorecer al candidato de la derecha propiciando, de manera directa, la vulneración de la libertad a sufragar de manera libre.
De todo esto, y más, tuvieron conocimiento los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sus manos estuvieron todas y cada una de las pruebas que demuestran la desviación de recursos públicos a favor del PAN.
Documentadas hasta la saciedad se encuentran las intervenciones públicas del presidente, a través de las cuales insistió en ponderar las supuestas bondades de su gestión al frente del gobierno. Decenas de publicaciones, páginas electrónicas, programas televisivos y radiofónicos, dan cuenta de manera fehaciente del activismo del ejecutivo federal, mismo que no tenía otro objetivo que influir en el ánimo del electorado.
Y sin embargo, para el Tribunal no fue de la suficiente magnitud, no encontró referencia concreta a un candidato. El tribunal analizó las irregularidades por separado, burlando los principios de objetividad e imparcialidad: Legalizando lo ilegal.
Reitero y hago énfasis que la estrategia fue diseñada, avalada y ejecutada, por la Josefina Vázquez Mota, a quien ahora nos presentan como la interlocutora en la transición de gobierno. Por dignidad y por congruencia nos negamos a reconocerle calidad moral suficiente para dirigir semejante responsabilidad.
No serán los delincuentes electorales quienes nos vengan a señalar la forma de cumplir las leyes, porque quieninfringe la ley es un delincuente que merece recibir una sanción ejemplar, no simples amonestaciones carentes de castigo.
Podremos dialogar y acordar con nuestros pares en el Congreso, pero que les quede bien claro: no habrá diálogo alguno con el señor Felipe Calderón -el candidato de la derecha- ni ahora ni después del 1° de diciembre: mejor convenzan a Calderón de renunciar al regalo que le dio su compadre Ugalde y que validó el Tribunal.
Sufragio efectivo, no Imposición.
La legalidad ha sido pisoteada nuevamente. Una vez más se faltó a la responsabilidad política y al compromiso democrático; se dejaron de cumplir las obligaciones adquiridas ante la Nación; la palabra empeñada ha sido traicionada: aquellos que ofrecieron guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanan se han convertido en los peores enemigos de la ley, la democracia y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
Efectivamente, la culpa no es de la ciudadanía pero sí es de Fox: Fox traicionó a la democracia, se olvidó de su propia trayectoria y del descontento social que lo llevó al poder. Hoy, se ha convertido en el mayor delincuente electoral conocido hasta ahora, se ha dedicado y se dedicó a utilizar de manera facciosa los programas sociales destinados a aminorar la pobreza de millones de desposeídos, con el objetivo de manipular la voluntad popular y prostituir el orden democrático.
El 7 de abril del 2006, el Grupo Parlamentario del PRD denunció y documentó ante la PGR que la señora Josefina Vázquez Mota diseño y operó en coordinación con diversos secretarios de despacho, funcionarios federales y legisladores del PAN, un esquema para desviar recursos públicos y manipular electoralmente programas sociales federales para favorecer ilegalmente al candidato de la derecha.
Un ejemplo claro es el de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestal y Pesquero, Asociación Civil, que del Programa de Vivienda Rural tenían asignado 54 millones de pesos y sólo estaban en la espera del anticipo de 27 millones de pesos. Esta cantidad nunca les llegó pues los castigó Josefina Vázquez Mota --entonces titular de Sedesol--, quien ante la negativa de la Federación de prestarse como puente para hacer llegar este anticipo a la campaña de Acción Nacional, no solamente le retiró el recurso sino lo transfirió de manera ilegal a Huehuetepetl Comunitaria, asociación representada, entre otros, por empleados del Partido Acción Nacional.
Estos actos nos dejan claro que los principios democráticos fueron violados por un grupo de funcionarios federales para favorecer al candidato de la derecha propiciando, de manera directa, la vulneración de la libertad a sufragar de manera libre.
De todo esto, y más, tuvieron conocimiento los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sus manos estuvieron todas y cada una de las pruebas que demuestran la desviación de recursos públicos a favor del PAN.
Documentadas hasta la saciedad se encuentran las intervenciones públicas del presidente, a través de las cuales insistió en ponderar las supuestas bondades de su gestión al frente del gobierno. Decenas de publicaciones, páginas electrónicas, programas televisivos y radiofónicos, dan cuenta de manera fehaciente del activismo del ejecutivo federal, mismo que no tenía otro objetivo que influir en el ánimo del electorado.
Y sin embargo, para el Tribunal no fue de la suficiente magnitud, no encontró referencia concreta a un candidato. El tribunal analizó las irregularidades por separado, burlando los principios de objetividad e imparcialidad: Legalizando lo ilegal.
Reitero y hago énfasis que la estrategia fue diseñada, avalada y ejecutada, por la Josefina Vázquez Mota, a quien ahora nos presentan como la interlocutora en la transición de gobierno. Por dignidad y por congruencia nos negamos a reconocerle calidad moral suficiente para dirigir semejante responsabilidad.
No serán los delincuentes electorales quienes nos vengan a señalar la forma de cumplir las leyes, porque quieninfringe la ley es un delincuente que merece recibir una sanción ejemplar, no simples amonestaciones carentes de castigo.
Podremos dialogar y acordar con nuestros pares en el Congreso, pero que les quede bien claro: no habrá diálogo alguno con el señor Felipe Calderón -el candidato de la derecha- ni ahora ni después del 1° de diciembre: mejor convenzan a Calderón de renunciar al regalo que le dio su compadre Ugalde y que validó el Tribunal.
Sufragio efectivo, no Imposición.
...
